Gremios de la producción amenazan con quiebre institucional
Publicado por P-MAS. Destacadas, Pronunciamientos

Publicado en January 27, 2012
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En un Estado de Derecho impera la ley. Esta es su definición más precisa y su característica más resaltante. No es la voluntad de un individuo, ni de una oligarquía, ni de un grupo de poder la que se impone, sino los dictados de las normas que son formuladas por el pueblo o por sus representantes legítimos en los distintos poderes del Estado.

Hoy día, en nuestro país, los principales enemigos del imperio de la ley, del Estado de Derecho, no son, como lo buscan presentar interesadamente ciertos medios de comunicación y de- formadores de la opinión pública, las organizaciones que luchan por una reforma agraria que beneficie a todos los paraguayos y paraguayas que viven y trabajan en el campo (como se lo ampara el art. 114 de la Constitución Nacional), sino aquellos gremios de productores que, acostumbrados a imponer patronalmente su voluntad, se niegan a acatar la ley de la franja fronteriza.

Una democracia en Estado Social de Derecho, como la de nuestro país, que se basa en la tolerancia más amplia de todas las posiciones socio- político- ideológicas no puede, en cambio, tolerar a quienes abiertamente conspiran para minar sus fundamentos: no se puede permitir que los grupos de poder se permitan pisotear leyes tendientes a salvaguardar la soberanía nacional, a garantizar a cada paraguayo el acceso a la tierra y a permitir a nuestra gente del campo una vida digna.

Resistir a la ley, en tanto impone la mensura de las tierras, hace la reforma agraria o aplica una franja para la defensa de la soberanía, no es una opción para nadie en un Estado de Derecho. Tampoco lo es para los grupos de poder, y esto deberían saberlo los gremios de la producción que hoy deciden ingresar en las peligrosas aguas del quiebre institucional.

El caso de la finca de Tranquilo Favero es, en este sentido, paradigmático. Sus tierras en Ñacunday, no solo están ubicadas parcialmente dentro de la franja de resguardo de la soberanía, sino que, asimismo, son probadamente tierras públicas subrepticiamente ocupadas y, por ende, pasibles de confiscación para ser objeto de la reforma agraria. No hay atropello alguno a los derechos consagrados en la Constitución Nacional ni en la demarcación de su territorio ni en la ocupación de las zonas de la finca que fueran usurpadas al Estado.

El Partido del Movimiento al Socialismo rechaza cualquier intento de quiebre del orden institucional y reclama el respeto a los Derechos de nuestros compatriotas, así como el respeto a las medidas tomadas para salvaguardar la soberanía. Exigimos asimismo la expropiación de las tierras de las que se apropiara ilegítimamente el colono Tranquilo Favero. Ello lo exige el Estado de Derecho.

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